Agencia en Pie - Ecuador

26/07/2010 En la Asamblea Nacional –como nunca antes- se está fraguando un acto de Traición a la Patria, un atentado a la soberanía económica, jurídica y tributaria del Ecuador. El gobierno de Rafael Correa, representado en la cartera de Recursos Naturales No Renovables por el ministro Wilson Pastor, presentó el pasado 24 de junio de 2010 un Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Hidrocarburos y al Régimen Tributario Interno.

 

 

 

En breves rasgos el Proyecto de Ley contempla varios artículos entre los cuales vale la pena analizar los siguientes:

En el Art. 01 se abre la posibilidad de que el gobierno pueda delegar la exploración y explotación de petróleo y gas en campos en plena producción como aquellos aún no explotados. A toda luz una privatización solapada en pleno Siglo XXI.

En el Art. 02 se establece que la nueva Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de crudo, gas o derivados por oleoductos, poliductos, gasoductos, refinación e industrialización a empresas nacionales o extranjeras de reconocida experiencia. Ante si, no solo los campos y bloques petroleros podrían ser privatizados a empresas mixtas estatales o privadas nacionales o extranjeras, sino que también se pretende concesionar todas las fases de la industria petrolera nacional.

El Art. 7 vuelve a asestar un golpe bajo a la soberanía petrolera cuando propone que de los ingresos de la producción de cada campo el Estado se reserva apenas el 25% como margen de soberanía. En la época de la Texaco, el Estado recibió como participación -con regalías incluidas- no menos del 90%; el 10% restante le alcanzaba a la empresa para cubrir los costos y el precio base por los servicios prestados y, aún así le quedaba una utilidad razonable. En países petroleros como Angola y Nigeria el estado se reserva no menos del 75% de margen soberano de participación.

En el Art.11, de forma totalmente entreguista, en el modelo de contrato de Prestación de Servicios al que pretende el gobierno sujetar a las petroleras, a éstas se les exonera del pago de regalías, renunciando al derecho que tiene el Estado de cobrar un impuesto por ser dueño del territorio y los recursos del subsuelo.

Para colmo de males, dentro de la reforma tributaria que incluye el Proyecto, el regimen pretende bajar el impuesto a la renta que pagan las compañías del 44 al 25%.

¡Qué alguien me explique por qué el otrora nacionalista Paco Velasco, hoy asambleísta del Movimiento País, se ha prestado –como Presidente de la Comisión de de lo Económico y Tributario- para defender un proyecto antipatria que busca despojar al pueblo de su principal patrimonio! ¡Dónde está Jorge Glass y su verbo encendido en Televisión Satelital, a favor de la empresa estatal y en contra de la OXY! Lo propio sucede con el Presidente Correa, quien pasó de ser un defensor aguerrido de Petroecuador para convertirse en su sepulturero.

Volviendo al tema, la actual Ley de Hidrocarburos advierte sobre dos causales de caducidad de los contratos petroleros que vale la pena recordar:

Art.  74.-  El Ministerio del Ramo podrá declarar la caducidad de los contratos, si el contratista:

o     Dejare  de  pagar  las  regalías, primas de entrada, derechos superficiarios, participaciones y otros compromisos establecidos en la Ley.  (Se sobreentiende pago de impuestos).

o     No invirtiere las cantidades mínimas anuales, no realizare las perforaciones o  no  efectuare  las  tareas  para  los  períodos  de exploración y explotación, según lo establecido en el contrato.

En el primer caso, las compañías han sido enjuiciadas -entre el 2000 y 2006- por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por USD. 1184 millones. Asimismo, hasta el 2010, según el ente de control, existen juicios tributarios por evasión de impuestos y glosas  por USD. 620 millones de dólares. Es más, en lo que va del 2010, el Estado dejó de recibir 66 millones de dólares por la baja en el pago de impuestos de las petroleras.

Pregunto al país: ¡Cómo puede el ministro Pastor y el Presidente Correa tan solo pensar en renegociar contratos con empresas que le han defraudado al Estado! ¡Hacerlo, es irse contra el sentido común, la ética y la soberanía jurídica del país!

En el segundo caso, la baja de la inversión privada -de 772 millones de dólares en 2006 a 169 millones en 2010-, y por ende su repercusión en la  producción, es perjudicial para los intereses del Ecuador. Solo entre 2008 y 2009, el Estado perdió USD. 332 millones de dólares, por cuanto los ingresos se vieron disminuidos por la caída de la producción de las petroleras en las siguientes cifras:

 - En 2006 producían 105 millones de barriles anuales, para 2009, bajó a 75 millones. En otras palabras, en 2006 produjeron 287.000 bls. diarios y, en 2010 tan solo 196.000 bls.

Pregunto al pueblo: ¡Cómo puede el ministro Pastor y el Presidente Correa renegociar contratos con empresas ineficientes! ¡Hacerlo, es irse contra el sentido común, la Ley y el interés nacional!

El Proyecto de Ley ignora groseramente las demandas internacionales que las petroleras han planteado en contra del Estado Ecuatoriano ante el Centro de Arbitraje y Diferencias de Inversiones CIADI. Empresas que no se someten a la justicia ordinaria y atropellan la soberanía jurídica que está consagrada en el Art. 422 de la Constitución.

A su vez, los costos de producción nos da luces de otra realidad, a saber: PETROECUADOR-EP extrae el barril de crudo a USD. 4,5 dólares; REPSOL USD. 19; PETROBRÁS USD. 9.7; ANDES PETRO USD. 12.6; AGIP USD. 28; IVANHOE USD. 37; RÍO NAPO USD. 17, etc. En tal sentido, cómo es posible que el gobierno prefiera renegociar los contratos con empresas que tienen los costos de producción más altos del mercado nacional. Además, si los trabajadores que emplean las petroleras privadas son todos ecuatorianos; si la tecnología que usan las compañías es la misma que usa Petroecuador y se la compra en el mercado interno, qué sentido tiene renegociar contratos, cuando está en juego más de OCHO MILLONES DE DÓLARES DIARIOS, que son los ingresos aproximados que obtienen las privadas y que bien pudieran alimentar el presupuesto del estado para construir cientos de escuelas del milenio, decenas de hospitales; podríamos dotar de servicios básicos a todo el país, eliminar el trabajo infantil, la desnutrición, el analfabetismo, reactivar el agro y crear nuevas fuentes de trabajo, etc.

El proyecto de Ley que hoy defiende Paco Velasco en la Asamblea, viola la Constitución que él mismo ayudó a crear en Montecristi, en los siguientes artículos:

•   Viola el Art. 313 que ordena que el Estado se reserva de manera exclusiva la administración de los sectores estratégicos.

•   Contraviene el Art. 317 que dispone que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado.

•   Lesiona el Art. 408 que manda que los recursos naturales, yacimientos de hidrocarburos, productos del subsuelo, etc,  son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado.

Lo propio sucede con la Ley de Hidrocarburos que es atropellada descaradamente:

•   Art.  1: Los  yacimientos de hidrocarburos que se encuentren situados en el  territorio  nacional,  incluyendo las zonas cubierta por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable del Estado.

•   Art. 2: El  Estado  explorará  y  explotará  los  yacimientos en forma  directa a través de PETROECUADOR.

En el ámbito salarial, al país le conviene el ahorro millonario que significa contar con trabajadores estatales que no cobran jugosas utilidades, como sí perciben cada año los técnicos de las privadas. Por ejemplo, un chofer u operador de campo en Perenco percibía utilidades anuales por  40 mil dólares anuales, más 5 mil dólares por cada carga familiar. En OXY los tecnócratas llegaron a recibir hasta 500 mil dólares por persona.

Aquellas posturas de analistas vinculados a la empresa privada y a ciertas ONGs financiadas por la USAID, que sostienen que no conviene renegociar con empresas cuyos contratos terminan en 2010, 2012, y que el gobierno debería esperar que terminen para pensar en revertir los campos al estado, no reflexionan que la sobreexplotación petrolera está destruyendo los yacimientos y el medio ambiente. Ante lo cual es necesario ordenar “ahora” una auditoría técnica, ambiental y social para establecer las responsabilidades económicas de las petroleras, antes que hagan maletas sin presentar informes auditados, como sucedió con Texaco, OXY, City, Perenco, y otras más que podrían salir del país dejándole al Estado la herencia lacerante de los pasivos ambientales.

El ministro Pastor acaba de anunciar al país que recién se apresura el informe de auditoría de los pasivos ambientales provocados por la francesa Perenco, cuando el Ministerio de Ambiente debió ordenar antes del 16 de julio de 2009 su aplicación, a fin de obligar que la compañía pague por los daños causados antes de que ponga los pies en polvorosa. Hoy el país enfrenta una demanda ante el CIADI por USD. 434 millones, que podría sumarse a otra por 247 millones por la imprudente decisión del regimen de incautar ocho embarques de crudo, donde la petrolera tenía participación.

En el sector petrolero es muy conocido cómo quedan los pozos luego de que salen las empresas contratistas: En el caso de OXY, el campo Edén Yuturi quedó devastado con un 85% de agua, a causa de la sobreexplotación. La francesa Perenco abandonó los campos que han pasado a manos de Petroamazonas con decenas de pozos cerrados y muertos; Repsol YPF en el Bloque 16, donde el porcentaje de agua llega al 90%. En tales circunstancias los yacimientos y sus reservas son literalmente irrecuperables. El daño está hecho.

Finalmente, a los (las) ecuatorianos nos interesa contar con petróleo para que las actuales y futuras generaciones puedan beneficiarse de los ingresos que implica refinar internamente los derivados y no tener que comprarlos. Si se acaban las reservas en poco tiempo el país tendrá que importar gasolinas a precios internacionales, que llegarían a duplicar el costo del galón de gasolina, como sucede en Chile donde cuesta $. 5 dólares, o en Perú o Colombia cuyo valor alcanza los $.4 dólares el galón.

En tal virtud, las reservas estatales suman el 90% del total nacional. Contamos con 3155 millones de barriles remanentes, mientras las privadas tienen 251 millones, lo que les alcanza para algo más de tres años de producción. Ésa es la verdadera razón por la que buscan desesperadamente que el gobierno renegocie los contratos para apropiarse de los bloques del Sur Oriente (Prov. de Pastaza y Morona Santiago) con reservas de 200 millones de dólares; otra opción sería participar en la explotación del ITT y por qué no, entrar a operar el Campo Shushufindi, Auca, Guanta, Cononaco y otros más.

Seguir firmando contratos petroleros es perpetuar “la Ley con Trampa”, donde el país siempre ha salido perdiendo. Al Ecuador le conviene revertir todos los campos a manos del estado, archivar en el armario de la historia todos los contratos y recuperar definitivamente la soberanía petrolera por mandato popular. La demostración de la eficiencia y capacidad de los ecuatorianos se puso a prueba en 1989 cuando asumimos la operación de TEXACO, cuando rescatamos mas tarde el Bloque 15 de la OXY, cuando recuperamos el Bloque 27 de las manos de la norteamericana CITY Investing, cuando asumimos el control de los Bloques 7 y 21, los campos Coca Payamino, de la francesa PERENCO.

Si se aprueba este malhadado proyecto que sepan los vendepatria que ya tienen reservado un puesto estelar en el monumento a la infamia que ya se funde -al rojo vivo- en algún lugar de nuestra amada patria y, que, muy pronto será develado para vergüenza de los parricidas que todavía existen en nuestro querido Ecuador.

 

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